Pocos días después de que se filtraran los primeros minutos de la última entrega de la saga de Harry Potter, un comité del Senado estadounidense aprobó un proyecto de ley para combatir la piratería en internet y cerrar los sitios de descargas ilegales.
El senador Patrick Leahy, impulsor de la ley y presidente del Comité Judicial del Senado, espera que se someta a votación antes de finales de año.
La norma, que fue aprobada por 19 votos a favor y ninguno en contra, ha tenido el apoyo de las grandes productoras de Hollywood, según destaca el diario Los Angeles Times.
Esta ley permite al Departamento de Justicia cerrar sitios que infrinjan la ley de propiedad intelectual estadounidense y faciliten software, películas, series de televisión y música.
Una de las disposiciones que preocupa a los defensores de la libertad de expresión es que permite a las autoridades obligar a las compañías de internet a bloquear el acceso a las páginas extranjeras con este tipo de contenidos.
También permite al Departamento de Justicia abrir una acción civil contra los dominios repetidos que son utilizados para traficar con material pirata.
La Casa Blanca todavía no se ha pronunciado, pero según indica Los Ángeles Times el senador Leahy ha dicho que cuenta con el apoyo del presidente de EE.UU., Barack Obama.
Estados Unidos, la Unión Europea, México y Japón llegaron a un acuerdo que permitió redactar el texto final del Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA) contra la piratería.
La intención del documento es luchar contra la piratería a nivel mundial, por lo que son varios países además de los mencionados los que se sumaron al acuerdo para hacer presión sobre el resto.
Algunos de ellos son Australia, Canadá, Corea del Sur, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, y Suiza.
En ese sentido, quienes redactaron el texto pretenden establecer un marco legal que, si bien no puede ser impuesto a cada Estado, sí pueda servir como referencia por lo que constituirá una forma de presión a la hora de dictar leyes sobre la relación de Internet con la propiedad intelectual.
No obstante, a partir de este acuerdo son las autoridades de cada país las que tienen en sus manos decidir si aprueban o no su contenido.
El texto final muestra una postura rígida, de defensa a ultranza de los derechos de propiedad intelectual y habla de adoptar medidas “justas y equitativas” para todos los participantes de estos derechos, pero apuesta por un “endurecimiento de los procedimientos legales” para garantizar su cumplimiento.
El senador Patrick Leahy, impulsor de la ley y presidente del Comité Judicial del Senado, espera que se someta a votación antes de finales de año.
La norma, que fue aprobada por 19 votos a favor y ninguno en contra, ha tenido el apoyo de las grandes productoras de Hollywood, según destaca el diario Los Angeles Times.
Esta ley permite al Departamento de Justicia cerrar sitios que infrinjan la ley de propiedad intelectual estadounidense y faciliten software, películas, series de televisión y música.
Una de las disposiciones que preocupa a los defensores de la libertad de expresión es que permite a las autoridades obligar a las compañías de internet a bloquear el acceso a las páginas extranjeras con este tipo de contenidos.
También permite al Departamento de Justicia abrir una acción civil contra los dominios repetidos que son utilizados para traficar con material pirata.
La Casa Blanca todavía no se ha pronunciado, pero según indica Los Ángeles Times el senador Leahy ha dicho que cuenta con el apoyo del presidente de EE.UU., Barack Obama.
Sellan tratado internacional contra la piratería
Estados Unidos, la Unión Europea, México y Japón llegaron a un acuerdo que permitió redactar el texto final del Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA) contra la piratería.
La intención del documento es luchar contra la piratería a nivel mundial, por lo que son varios países además de los mencionados los que se sumaron al acuerdo para hacer presión sobre el resto.
Algunos de ellos son Australia, Canadá, Corea del Sur, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, y Suiza.
En ese sentido, quienes redactaron el texto pretenden establecer un marco legal que, si bien no puede ser impuesto a cada Estado, sí pueda servir como referencia por lo que constituirá una forma de presión a la hora de dictar leyes sobre la relación de Internet con la propiedad intelectual.
No obstante, a partir de este acuerdo son las autoridades de cada país las que tienen en sus manos decidir si aprueban o no su contenido.
El texto final muestra una postura rígida, de defensa a ultranza de los derechos de propiedad intelectual y habla de adoptar medidas “justas y equitativas” para todos los participantes de estos derechos, pero apuesta por un “endurecimiento de los procedimientos legales” para garantizar su cumplimiento.
